Ana Botella vulneró “las más elementales reglas de buena gestión” en la venta de pisos protegidos a fondos buitre
Ana Botella vulneró “las más elementales reglas de buena gestión” en la
venta de pisos protegidos a fondos buitre
La Cámara de Cuentas acusa al Gobierno
de Ana Botella de saltarse la ley de concursos públicos al adjudicar 1.860
viviendas a Blackstone
Su informe provisional censura la
inexistencia de informes técnicos que avalasen la necesidad de la operación por
la que el fondo pagó 128 millones de euros
El organismo fiscalizador sostiene que
no hay pruebas de la intermediación de una empresa que cobró 2,4 millones de
euros como comisión
05/04/2016
- 20:17h
 |
| La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. |
El Ayuntamiento
de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) "vulneró las más
elementales reglas de buena gestión" en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del
fondo buitre Blackstone por
128,5 millones de euros, según el informe provisional de la Cámara de Cuentas
de Madrid, al que ha tenido acceso eldiario.es
El dictamen que
fiscaliza esta macrooperación inmobiliaria destapa a lo largo de 66 páginas un
rosario de irregularidades por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo (EMVS) en la enajenación de su cartera de viviendas en régimen de
alquiler y con opción a compra.
La Cámara de
Cuentas revela que el Ayuntamiento de Madrid facilitó información privilegiada
a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Habour Group-Álvarez &
Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las
condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de
mayo de 2013. La Cámara sospecha que la decisión de vender estas promociones se
tomó "como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de
2013". En otras palabras: "no hubo concurrencia pública" a la
hora de vender esa cartera de pisos sociales porque con cuatro fondos
aspirantes ya disponían de información que nadie más tenía. De hecho, habían
presentado ofertas antes de que el proceso fuese público.
El informe va
mucho más allá y recuerda que la empresa municipal del Ayuntamiento obvió fijar
el preceptivo pliego de condiciones, "saltándose no solo las normas
internas de contratación sino también la Ley de Contratos del Sector
Público", así como los informes de necesidad y viabilidad técnica y
jurídica de la operación y que "ignoró su obligación de establecer una
tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar".
La conclusión de
la Cámara de Cuentas es demoledora: la empresa pública municipal en la venta a
los fondos buitres "no solo ignoró las normas de contratación" sino
también "los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben
presidir la gestión de los intereses públicos".
Facturas como "única prueba" del trabajo
La catarata de
reproches del órgano fiscalizador al Gobierno de Ana Botella duda incluso de
que la empresa Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona,
que percibió casi 2,4 millones de euros por mediar en la operación entre la sociedad pública y los fondos
buitres, hiciera su trabajo. Sostiene que la única prueba que existe
en la documentación pública son las facturas de cobro. Lo dice la Cámara de
Cuentas con estas palabras: "no queda otra constancia de la intermediación
realizada, que las facturas por dichas intervenciones, que en el caso de las 18
promociones asciende a 2.397.775 euros".
Para cerrar el
negocio, el Ayuntamiento echó mano de este supuesto intermediario. La Cámara de
Cuentas dice que el Ayuntamiento pagó la comisión por la venta de viviendas a
Fidere, basándose en que la había contratado en 2012 para intentar vender unos
solares. Podía ganar como comisionista un máximo de 2,260 millones de euros.
Aunque ese contrato "parece no tener relación" con las casas ya que
no eran los inmuebles listados, la EMVS se fundamentó en ese contrato para
abonarle los pagos por intermediar con Fidere en las 18 promociones.
En su repaso del
proceso, Cuentas llega a concluir que cuando inició el proceso de venta la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo "desconoce el valor objetivo del
mercado de los bienes a enajenar, ha renunciado a un informe técnico hecho por
personal experto en valoraciones de esos bienes o por empresas de tasación
homologada". De hecho, lamenta que los inmuebles se vendiesen por 30,5
millones menos del valor que establecía la propia empresa municipal.
El dictamen censura
que el Ayuntamiento de Madrid haya esgrimido una valoración de Price Waterhouse
Cooper, una empresa auditora que asesoró a la empresa adjudicataria. Según el
informe de la Cámara de Cuentas, "carece de la condición de informe
técnico la valoración hecha por Price Waterhouse Cooper, que no solo carece de
validez como tasación de la cartera inmobiliaria a enajenar según sus propias
manifestaciones, sino que además se revelará en la fase de negociación
posterior con la que resultaría adjudicataria, como asesora de esta
última".
El órgano
fiscalizador recuerda que la venta de 18 promociones de vivienda a Fidere, las
dos sociedades del fondo buitre Blackstone, "contraviene el reglamento de
Adjudicación de Viviendas de Protección Pública de la EMVS aprobado por el
Ayuntamiento de Madrid en 2008 y modificado en 2012, que impide la venta de
viviendas de protección pública a entidades jurídicas que previamente no hayan
quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación previstos en el propio
reglamento".
Comisión de seguimiento
Ana Botella
siempre sostuvo que los inquilinos de los pisos adjudicados al fondo buitre no
verían cambios en su vida más allá del titular del recibo de alquiler. Sin
embargo, en varios casos, Fidere subió de golpe el precio anual hasta un 40%:
de 4.388 euros se pasó a otra renta de 6.183 euros al año. Se les daba un par
de años para adecuarse al nuevo contrato. También se menoscabó la estabilidad
de los alquileres gestionados por las sociedades de Blackstone: los contratos
nuevos eran por un año (antes dos) con posibles prórrogas.
Entre los
reproches de la Cámara al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella, incluye que
tras el traspaso de titularidad, la institución no hiciese un seguimiento del
carácter social de esos pisos. Afea que no se estableciera una "comisión o
instrumento adecuado y control para asegurar el cumplimiento por la compradora
de las obligaciones que esta se ha subrogado". Es decir que no se ha
velado por el beneficio social que entrañan las promociones de vivienda pública
de la EMVS.
Además, los
vecinos de algunas de estas casas han podido ver cómo la nueva dueña está
utilizando sus hogares como garantía para pedir préstamos. Fidere ha avalado
créditos hipotecarios con promociones de las que se llevó en la venta masiva de
la empresa municipal.
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