La cárcel de homosexuales de Badajoz: cuando el franquismo castigaba a
los que amaban libres
Cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre
1970 y 1979 por la ley de Peligrosidad Social
El régimen marcó dos centros, el de Huelva (para los
que consideraba "activos") y Badajoz (para "pasivos")
En la ficha de Antoni de la época se
recoge que su delito era ser "homosexual"
Tiene grabado a
fuego aquel 5 de junio de 1976. Nada más salir Antoni hacía una parada en una
tasca de Badajoz para tomarse un vermú. Un aperitivo con sabor a libertad
porque con 18 años recién cumplidos acababa de abandonar la cárcel de homosexuales en la que había estado
recluso dos meses.
A Antoni lo
encerraron por ser homosexual, tal como quedó constancia en su ficha policial y
en la condena que le llevó a recorrer varios penales de presos comunes para
acabar en Extremadura. En 1954 se criminalizó al
homosexual incluyéndole en la Ley de Vagos y Maleantes, una norma que fue
sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en
vigor hasta bien entrada la democracia. Fue con esta norma con la que se
habilitaron cárceles específicas para "rehabilitarlos".
Marcaron dos centros penitenciarios, el de Huelva (para lo que
consideraban homosexuales "activos") y Badajoz (para
"pasivos").
Ocurrió
en un régimen que, aunque agonizante, seguía reprimiendo las libertades.
Esa es la realidad que cientos de españoles vivieron en su piel al final de la
dictadura. Aunque muerto el dictador las cosas no fueron mucho mejor, teniendo
en cuenta por ejemplo que Antoni salió libre en el 76.
La cárcel es hoy
el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte
Contemporáneo (MEIAC). Allí el modo de redimirlos consistía en
hacerles coser balones. Narra este testigo vivo de la represión que era un
lugar vejatorio, donde eran humillados mientras los funcionarios
"miraban para otro lado" ante los abusos. Había delincuentes comunes
que se declaraban homosexuales pensando que así recibirían un régimen
penitenciario más laxo. "La mayoría de los homosexuales nos cuidábamos,
teníamos que tener bastante cuidado". Era bastante desagradable verse
rodeado de ladrones o asesinos y el miedo a ser agredidos siempre estaba.
Museo
Extremeño de Arte Contemporáneo, antigua cárcel de homosexuales EFE
Antoni declaró su
homosexualidad a su madre con 17 años y ella, que no lo entendió, pidió ayuda a
la familia. Fue una monja cercana la que lo denunció. La policía vino a
por él de madrugada y tras un periplo por los penales de Valencia y Carabanchel
acabó en Badajoz.
Hace años que
creó junto a más víctimas la Asociación Expresos
Socialesy comenta con voz segura que aquello forma parte del
pasado. "Lo superé porque llevamos años trabajando para devolver la
dignidad a los compañeros, desarrollando una labor extraordinaria. Podemos
decir que estamos resarcidos económicamente y moralmente".
Ha regresado cada
vez que ha podido a la ciudad que le vio preso porque siente a Badajoz como su
segunda casa, ya que también fue la primera que los reconoció como
víctimas del franquismo por su orientación sexual.
"Aniquilar lo diferente"
Como sistema
represivo que era, el franquismo apostaba por reprimir la diferencia según
explica José María Núñez, presidente de
Fundación Triángulo Extremadura. Un régimen que funcionaba mejor
desde la estructura tradicional organizada y donde todo lo diferente
dificultaba su modelo y era controlado. Una manera de aniquilar lo
diferente con grandes dosis de maldad, con violencia y sentencias
condenatorias sin juicio previo.
La Ley de
Peligrosidad Social establecía penas que iban desde multas hasta cinco años
de
internamiento en cárceles
Una idea parecida
traslada Javier Ugarte Pérez, activista doctor en
Filosofía, que en sus estudios sobre la represión franquista
concluye que cualquier modelo ajeno a la familia numerosa tradicional y
católica (donde la pareja se dedicaba a engendrar) no encajaba en el ideal.
De hecho detalla
que la detención no era una cuestión metafísica por
ser homosexual, sino por tener relaciones homosexuales. Tras la
Guerra Civil hay una destrucción económica, demográfica y moral a las que
acompaña la llegada de un modelo de 'nacional catolicismo', allá por los años
50.
No fueron cifras
enormes, si se tiene en cuenta que hubo hasta 50.000 fichados por homosexuales,
de los que 4.000 fueron expedientados.
Comenta
también José Manuel Corbacho, de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, cómo
la legislación franquista permitía medidas "preventivas" contra este
colectivo LGTBI y tratamientos de electrochoques para erradicar lo
considerado como una enfermedad. Han documentado casos de suicidios y numerosas
violaciones.
La ley de
Peligrosidad añade en el 70 la novedad de especializar dos cárceles ya
existentes, aunque en la Modelo de Barcelona, Valencia y Carabanchel
también se habilitaron módulos para recluir a este tipo de presos. Según ha
documentado el periodista Fernando Olmeda en 'El látigo y la pluma'
(2004) cerca de un millar de homosexuales pasaron por prisión entre 1970 y
1979 en virtud de la ley de Peligrosidad Social.
Los presos
se dividían según sus tendencias: los “pasivos”, a Badajoz, y los “activos” a
Huelva
El perfil social de los encarcelados
Un elemento
básico de análisis para el experto Javier Ugarte es el perfil
social de las personas recluidas. Aunque algunos eran
'pillados' in fraganti en una pensión o en unos baños
púbicos, hay otros que fueron denunciados como es el caso de Antoni.
En su mayoría
eran gente humilde, de las clases más bajas y
normalmente solteros (aquellos que no encajaban en el modelo
demográfico de familia católica). Gente con poca instrucción y herramientas
legales para su defensa, y que además tenían que enfrentarse a un doble
estigma: al de la calle y el de dentro de las cárceles.
Porque estos
presos, a diferencia de los políticos, no contaban con una red de apoyo y
solidaridad fuera, sino que eran repudiados y tratados como inmorales o
desvergonzados. En algún caso se les practicó el electroshock, pero tampoco era
lo frecuente en las cárceles porque ello requería de un psiquiatra y de medios
continuados para tratarles, y el régimen no estaba por la labor.
Estos
tratamientos se aplicaban más bien en consultas privadas, donde llegaban los
homosexuales por voluntad propia o de la mano de sus familiares. Y eran
terapias que no reprimían el deseo sexual, sino que creaban impotencia en
quienes lo sufrían, cuenta Ugalde Ugalde.
Puede
considerarse que dentro de la escala de presos, los
homosexuales pertenecían a uno de los eslabones más bajos, víctimas
de violaciones y humillaciones. Además, se quedaban con los antecedentes
penales una vez liberados, cuando en la época no era rara la obligación de
presentar el certificado de antecedentes para trabajar.
Reconocimientos
En el verano de 1979 aún se
podía detener a gente por "travestismo" y "prostitución
homosexual". Paulatinamente los artículos referidos a las personas LTGB se
fueron dejando de aplicar gracias a las luchas de los grupos pioneros como el
Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR) o el Movimiento Español
de Liberación Homosexual, según la información que ha recopilado la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura.
Hace ya 18 años que
Fundación Triángulo pidió con éxito a la Asamblea de Extremadura que
instara al Gobierno central a resarcir a las víctimas LGTBI del franquismo, y a
la eliminación de la ficha policial de estas personas. José María Núñez, de
Triángulo, incide en que su apuesta fue por eliminar las fichas del registro
policial, pero que se conservaran como un elemento vivo de la memoria
histórica. Algo que generó debate dentro del propio colectivo de gais,
lesbiabas, bixesuales y transexuales.
Con la creación de la
Asociación de Expresos Sociales, Antoni y el resto de compañeros también
lucharon por el reconocimiento moral y económico como víctimas de la represión.
"Porque la libertad se conquista luchando, y porque animo a todas las
compañeras y compañeros a seguir haciéndolo", expresa enérgico.
Con el gobierno socialista
de Zapatero lograron que se les asignara una indemnización, que han llegado a
lograr 165 personas. Aunque el Estado, según critica, no aceptó asignarles una
pensión vitalicia con el fondo de cuatro millones asignados para este fin.
Finalmente calcula que no han sigo gastados más de 500.000 euros, mientras que
hay hoy víctimas de entonces que sobreviven con 400 euros.
Otra de las cuestiones que
pone en duda, según las informaciones a las que ha tenido acceso, es que su
ficha haya desaparecido de manos de la policía.
