domingo, 28 de junio de 2015

PLENO EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA TOLEDO

PLENO EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA TOLEDO

ESTE LUNES DÍA 29 DE JUNIO 2015 A LA 20:30 HORAS

El nuevo Gobierno del PP de Santa Olalla ha convocado el pleno para el próximo lunes ¡¡ QUE NO TE LO CUENTEN ACUDE¡¡  

UI SANTA OLALLA POR LA TRANSPARENCIA  OS INVITA A  QUE ASISTÁIS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NUESTRO PUEBLO.EN EL TIEMPO DE CAMPAÑA ELECTORAL EL PP DE SANTA OLALLA ERA MUY ACTIVO EN LAS REDES SOCIALES FOTOS FOTOS CARTELES CARTELES PROPAGANDA PROPAGANDA Y AHORA ¿POR QUE NO INFORMAN DEL PRIMER PLENO ? ¿NO QUIEREN QUE EL PUEBLO VEA EL REPARTO DE CARGOS? O HAY MAS

 
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jueves, 25 de junio de 2015

Cospedal cierra otras 840 camas hospitalarias antes de dejar el Gobierno de Castilla-La Mancha

Cospedal cierra otras 840 camas hospitalarias antes de dejar el Gobierno de Castilla-La Mancha

DENUNCIAN QUE TAMPOCO SE SUSTITUYE A LOS PROFESIONALES SANITARIOS DURANTE ESTE VERANO

El Sindicato de Enfermería de Castilla-La Mancha alerta del riesgo en la asistencia ante el bajísimo porcentaje de sustituciones de los profesionales, por lo que esperan que el próximo Ejecutivo regional fomente una sanidad pública, gratuita y de calidad.
periodicoclm.es
José Ignacio Echániz y María Dolores de Cospedal
José Ignacio Echániz y María Dolores de Cospedal
El Sindicato de Enfermería en Castilla-La Mancha ha denunciado el cierre de más de 840 camas en los hospitales de Castilla-La Mancha durante los meses de verano y la reducción al máximo de las sustituciones de los profesionales de enfermería.
Para SATSE estas decisiones “son fruto de políticas que solo buscan el ahorro económico a costa del deterioro de la calidad asistencial en la sanidad castellano-manchega”, tal y como señala el secretario general de SATSE Castilla-La Mancha, Alejandro Laguna.
Por provincias, en  los hospitales de Albacete cerrarán  112 camas(100 en el Complejo Hospitalario de Albacete y 12 en el hospital de Hellín);  en torno a 176 camas cerrarán en los hospitales ciudadrealeños  (62 camas en el Hospital General de Ciudad Real; 57 en el hospital Mancha Centro de Alcázar; 25 en el hospital de Manzanares y 32 en el Santa Bárbara de Puertollano);  en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca cerrarán 69 camas;  unas 174 camas en el Hospital de Guadalajara y 309 en los hospitales de la provincia de Toledo (94 camas en el Complejo Hospitalario de Toledo; 52 en el Hospital Nacional de Parapléjicos y 163 en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera).
Desde el sindicato quieren recordar también que el cierre de estas 840 camas se suma a las que hay cerradas de forma permanente en algunos hospitales de Castilla-La Mancha.
Cabe destacar que el cierre de camas aumenta el índice de enfermos desplazados, que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, y que deben ser atendidos por profesionales no especializados. Además, facilita altas precipitadas, hacinamiento de pacientes en urgencias y el aumento de las listas de espera, tanto quirúrgicas como para pasar consulta con los especialistas.
Los sindicalistas consideran que dicho cierre de camas se debe al hecho de que no se sustituye a los profesionales  sanitarios, sobre todo a los profesionales de enfermería, durante los meses de vacaciones. Para SATSE, tan preocupante como el cierre de camas es el descenso de profesionales que se registra durante las vacaciones, al no producirse prácticamente sustituciones.  De hecho, en los hospitales y centros de salud de Castilla-La Mancha las sustituciones de los profesionales de enfermería no superará el 25 por ciento.
Esta mínima contratación durante el verano va a repercutir en la calidad de la asistencia sanitaria que se presta y en la seguridad del paciente y también en una mayor presión asistencial para los profesionales, por la disminución de las plantillas.  Todo ello supone un claro riesgo para los usuarios de los centros sanitarios.
La disminución del personal sanitario supone, tal y como ponen de manifiesto numerosos estudios científicos,  un aumento de la probabilidad de morbimortalidad de la población afectada.  Esos estudios concluyen que el aumento de las plantillas de enfermería de los centros incide positivamente en la sostenibilidad del sistema sanitario, puesto que ha quedado demostrado el efecto de sus cuidados en la reducción de la morbimortalidad y por tanto de los costes sanitarios. “Esto es justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular durante los cuatro años y lo mantiene hasta el último día”, señala el secretario general de SATSE Castilla-La Mancha.
Para finalizar, desde este sindicato explican que mantienen su apuesta por una sanidad pública, gratuita y de calidad, y considera que estas  medidas conllevan una peor calidad asistencial para los usuarios y el deterioro del Servicio de Salud. Esta es la exigencia, “con todas sus consecuencias”,  que desde SATSE plantean al nuevo Gobierno regional una vez que comience a trabajar el próximo mes de julio.

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martes, 23 de junio de 2015

Suspendido el plan de empleo de la Diputación de Toledo que seleccionó a candidatos del PP

Suspendido el plan de empleo de la Diputación de Toledo que seleccionó a candidatos del PP

Se trata de un programa obra de Arturo García-Tizón (PP), que opta a volver a presidir la institución provincial.

Según CCOO, el también secretario provincial del PP seleccionó “de forma ilegal” a decenas de afiliados y candidatos del partido para contratarlos a cargo de la Diputación.

Cospedal y García-Tizón en la inauguración del Ayuntamiento de Mérida
María Dolores de Cospedal y Arturo García-Tizón (a la derecha)
Nuevo varapalo judicial al polémico programa de empleo ‘De la mano contigo’ de la Diputación de Toledo, obra de su presidente en funciones y de quien ahora es también candidato del PP a presidir la institución, Arturo García Tizón. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Toledo ha suspendido de forma cautelar esta iniciativa, mediante la que el equipo de Gobierno pretende contratar a un total de 134 personas, decenas de ellas, según apunta CCOO, afiliadas y candidatas del PP en las pasadas elecciones municipales.
La Justicia da así la razón al sindicato, que había recurrido su aprobación porque tanto su convocatoria como el proceso de selección de las personas a contratar incumplieron lo establecido en el ordenamiento jurídico para regular el acceso al empleo público. De hecho, en el auto emitido asume la petición del sindicato de suspender de forma cautelar el mencionado programa “atendiendo a las razones de especial urgencia que concurren en el caso”. Concretamente, el magistrado-juez recalca que la suspensión cautelar “no perturba los intereses  generales” y da tres días de plazo a la Diputación para presentar alegaciones, “al efecto de decidir sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación” de la suspensión cautelar.
Entre los “seleccionados” para su contratación figuran, según aporta el sindicato, militantes del PP que formaban parte de las listas del partido para las últimas elecciones municipales como Carmen Barroso (Cervera de los Montes), Noelia Aranda (Albarreal de Tajo), Irene de la Cruz (Gálvez); José Antonio Varela (Calera y Chozas), Félix Bernal (Santa Olalla), Susana García (Oropesa), María Oliva González (Almonacid), Paloma Torija (Cobisa), Carmen Aguado (Yunclillos), o Marta Ramos (Toledo). En el caso de Los Navalucillos, por ejemplo, el seleccionado, Gregorio Simón Gómez, concurría de número dos en las listas municipales.
No es el primer revés judicial de esta polémica iniciativa de García-Tizón. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como el juzgado de lo Contencioso-Administrativo ya suspendieron y anularon la convocatoria del mismo programa correspondiente a 2014.
Sin embargo, CCOO lamenta que estas sentencias, y otras similares que a lo largo de la legislatura han ido anulando otras actuaciones ilegales de García-Tizón en materia de personal, no hayan servido para “corregir la tendencia de este dirigente del PP a utilizar la Diputación de Toledo a modo de cortijo particular y partidista, para favorecer  sus políticas clientelares ajenas e incluso contrarias al interés general”.
El sindicato también puso recientemente en conocimiento de la Fiscalía la contratación de otras 37 personas a cargo de la Diputación sin convocatoria pública ni proceso de selección conocido. En su escrito al Ministerio Fiscal, el sindicato considera que García-Tizón incurrió presuntamente en los delitos de prevaricación y nombramientos ilegales, previsto en el Código Penal, al emitir un decreto convalidando estas contrataciones con posterioridad a haberlas realizado.

Félix Bernal Torres

Formo parte de esta candidatura con la misma ilusión con que lo hacen los más jóvenes y con la veteranía y conocimiento de mi pueblo.

Desde el Partido Popular de Santa Olalla organizaremos cursos gratuitos para los agricultores. Instalaremos papeleras de recogida selectiva en el parque, la plaza y zonas comunes. Y plantaremos un árbol por cada voto obtenido en las elecciones municipales. 

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Catálogo de nuevos terroristas según la reforma penal del PP y el PSOE

Catálogo de nuevos terroristas según la reforma penal del PP y el PSOE

La nueva definición de "delitos de terrorismo" pactada por los dos partidos abre la puerta a perseguir conductas que nada tienen que ver con el yihadismoCatedráticos de Derecho Penal creen que parar desahucios o tuitear sobre una protesta con disturbios podrían ser investigadas como terrorismoLos delitos informáticos pueden convertirse en terroristas si desestabilizan "gravemente el funcionamiento de una organización internacional"


Foro firma el pacto contra el yihadismo pero critica que PSOE y PP no hayan buscado mayores consensos
Con la expuesta intención de hacer frente al fenómeno yihadista, el Partido Popular y el PSOE han pactado una reforma del Código Penal que extiende la definición de "terrorismo" a conductas que nada tienen que ver con los delitos que puedan cometer integristas islámicos, según coinciden los expertos consultados.
Más allá de la oposición a la prisión permanente revisable, los socialistas prestan su apoyo a un concepto de terrorismo sobre el que otros miembros de la oposición, activistas y catedráticos de Derecho Penal dan la voz de alarma: el texto de la proposición de ley introduce conceptos tan amplios y vagos que actos que hasta ahora merecían un determinado reproche penal pasarán a ser castigados con la severidad que merece un acto terrorista.
En concreto, la reforma del artículo 573 del Código Penal establece como delitos terroristas los "desórdenes públicos" u otros contra el patrimonio si con ellos se pretende "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo" o, simplemente, "alterar gravemente la paz pública". Estas son las acciones y grupos susceptibles de ser investigados, detenidos, juzgados y condenados por terrorismo a partir de la reforma acordada por el PSOE y el PP.

Vecinos de Gamonal y otros barrios

Los participantes en los disturbios del barrio burgalés de Gamonal pretendían parar las obras en un bulevar aprobadas por el Ayuntamiento de la ciudad. Lo que hicieron se puede traducir por que algunos protestaron de forma violenta con la intención de obligar a un "poder público" a rectificar y "abstenerse" de llevar a cabo su proyecto.
La afirmación encaja con la nueva redacción del artículo 573 del Código Penal que el PP y el PSOE quieren aprobar. De haber estado en vigor la reforma del Código Penal que han aprobado los dos partidos, los causantes de lesiones a los policías antidisturbios podrían haber sido condenados a 15 años de prisión.
El Ministerio del Interior difundió la supuesta vinculación de algunos violentos llegados de fuera con grupos próximos al terrorismo, aunque los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León describían a un manifestante residente en el barrio y sin antecedentes, salvo en dos excepciones.
Con la reforma pactada, sucesos como los de Gamonal "activarán la legislación" en esta materia antiterrorista, advierte el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico. Y añade: "Aparte de la mayor gravedad de la reacción penal, deben mencionarse otras gravísimas consecuencias, como una detención policial por cinco días o la interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial previa".

Defensores del medio ambiente y los derechos de los animales

¿Alteran gravemente la "paz pública" los activistas que se plantan en Tordesillas todos los años para impedir la celebración del Toro de la Vega? En caso afirmativo, ya existe el primer indicio de terrorismo. ¿No pretenden que las autoridades prohíban la fiesta? Otra respuesta positiva les sitúa directamente en el radar de la lucha antiterrorista.
¿Y las organizaciones animalistas que asaltan granjas donde se maltrata a los animales? ¿No llevan a cabo un delito contra el patrimonio con la intención de cambiar la legislación que no castiga la cría de animales en determinadas condiciones? Con otras dos respuestas afirmativas a estas preguntas, la suerte de los animalistas estará echada cuando se apruebe la reforma del PP y el PSOE, según los penalistas consultados.
El tribunal competente para instruir y juzgar los delitos de terrorismo es la Audiencia Nacional. Siempre cabe la posibilidad de que la redacción ambigua de la ley permita al magistrado instructor rechazar un proceso por terrorismo y derivar las denuncias contra los animalistas a un juzgado ordinario.
Pero antes de que eso ocurra, coincide el catedrático de la Universidad Autónoma Manuel Cancio, los participantes en las protestas podrán ser investigados y detenidos por unidades policiales antiterroristas, sus comunicaciones intervenidas sin autorización judicial previa y, además, su arresto transcurrirá en régimen de incomunicación, incluso por un espacio máximo de cinco días. A lo anterior cabría sumar el tratamiento mediático que Interior aplica a los sospechosos de terrorismo. Según los expertos consultados, la proposición de ley del PP y el PSOE permite todo ello.
Bajo estos mismos parámetros, Fuerzas de Seguridad y jueces tendrían respaldo legal para responder con operaciones antiterroristas contra aquellos que protagonicen actuaciones con fuerza contra la construcción de centrales nucleares y otras obras susceptibles de dañar el medio ambiente. Para ello no será necesario que atenten contra personas, bastará con que lo hagan contra el "patrimonio".

Habituales en desahucios, escraches y protestas contra las privatizaciones

Desde que existe la Plataforma Antidesahucios, más de 1.000 desalojos han sido abortados en España. Es decir, en un millar de ocasiones, un grupo de personas ha impedido a la comisión del juzgado, eventualmente apoyada por la policía, ejecutar el mandamiento de desahucio.
Traducido al nuevo texto legal, los activistas han impedido a un poder público realizar una acción. Y para hacerlo han incurrido en desórdenes públicos. Si no han sido graves, se enfrentan a una multa que puede alcanzar los 30.000 euros, según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. En el caso de que se trate de hechos graves, deberán atenerse a los delitos de terrorismo que recogerá el nuevo artículo 573 del Código Penal.
¿Qué diferencia una resistencia a la autoridad susceptible de multa de otra de carácter grave? Aquí entra la reforma del Código Penal que ha aprobado el PP en solitario y que no alude, en principio, al terrorismo. Según el nuevo texto, cometerá un acto grave de desórdenes públicos el que se niegue a abandonar un lugar, solo a través de la resistencia pasiva, sin necesidad de que recurra a la violencia.
Las actuaciones contra los desahucios dejan a menudo imágenes de activistas abrazados entre sí y retirados a rastras por los antidisturbios. Para el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, la reforma antiterrorista es la tercera pata de "un trípode de excepción", que se completa con la Ley de Seguridad Ciudadana y el resto de la reforma del Código Penal.
Algo similar ocurriría con los escraches, que también ha popularizado en España la PAH. Con la campaña que emprendieron, los activistas pretendían presionar a los políticos para que votaran a favor de una Iniciativa Legislativa Popular en favor de la dación en pago. Su objetivo declarado, por tanto, era "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
De nuevo aparece la renovada redacción del artículo 573 del Código Penal por los grupos socialista y popular. La misma situación se repetiría con aquellos que se vieran envueltos en "desórdenes públicos" al protestar contra la privatización de Aena o el Canal de Isabel II, como apunta el catedrático de la Universidad Autónoma Manuel Cancio.

Ciberactivistas

Los activistas en la red que han traspasado la línea, según el actual Código Penal, también tienen su apartado en la reforma del artículo 573. Esos delitos que ejecutan pasarán ahora a ser terrorismo "cuando se cometan con alguna de las finalidades descritas en el apartado anterior", es decir, para obligar a los poderes públicos a realizar algo o a dejar de hacerlo, alterar gravemente la paz pública o "desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional".
Esta última intencionalidad, aplicable no solo a los hackers, adquiere cierta relevancia cuando se habla de ellos. En el caso de que uno o varios de estos hackersdecidan asaltar los archivos informáticos de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, estarán incurriendo en un delito de terrorismo, según la próxima legislación española.
El artículo 197 bis del Código Penal actual castiga con prisión de entre seis meses y dos años a quien, "por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático".
Con el texto que presentan el PSOE y el PP, los hackers podrán ser perseguidos por eso mismo en calidad de presuntos terroristas. Así será cuando obtengan informaciones violando la seguridad informática de personas o instituciones. En ocasiones se trata de espionaje empresarial o piratería informática, pero en otras se ha tratado de obtener información relevante para los ciudadanos por la gravedad de los hechos que hacen aflorar. De no haber sido sustraídos y entregados a los medios de comunicación, nunca se hubieran conocido. 
En el campo que afecta a los ciberactivistas, el abogado y director jurídico de la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, destaca el caso de los imputados en un juzgado de Gijón por tumbar la web de la Junta Electoral Central durante las protestas del 15M realizadas en 2011 en fechas no autorizadas por su proximidad a las elecciones autonómicas y municipales. Con el próximo Código Penal, advierte el letrado, podrían ser acusados de un delito de terrorismo.

Tuiteros, al límite

La próxima legislación antiterrorista abarcará los delitos cometidos por quienes difundan "públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo".
Esos delitos, como se menciona anteriormente, no tienen por qué estar vinculados necesariamente con el terrorismo yihadista y podrían cometerse durante una protesta que derive en altercados. En este sentido, Sánchez Almeida destaca la "ambigüedad" de la expresión "sean idóneos" como soporte para perseguir como terroristas infinidad de mensajes difundidos a través de las redes sociales, como ha ocurrido en algunas de las convocatorias post-15M.
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domingo, 21 de junio de 2015

Julián Grimau García: 54 años sin reparar la injusticia a la que fue sometido

Julián Grimau García: 54 años sin reparar la injusticia a la que fue sometido

por Francisco Javier Mingorance. Miembro del Comité local de la Agrupación de Almería del PCE




HOMENAJE.

El próximo 20 de abril, se cumplirán 54 años del asesinato del camarada Julián Grimau García, a manos del régimen dictatorial del criminal de guerra y genocida Franco. Sirvan estas líneas en memoria de su recuerdo entrañable. Y si en un asunto como en éste, sobre el asesinato del camarada Julián, si cabe, la pasión me nubla el juicio, tanto mejor. No creo que eche talento en este empeño, tampoco lo busco.

Todo militante tiene un referente en su organización que le sirve de guía y trayectoria, como podrá comprenderse, puede ser un libro, otro militante, un intelectual, un familiar cercano, (padre, madre, hermana/o, etc.) un político/a, un estudio sobre un determinado asunto e incluso una cita extraída de cualquier contexto, para el que escribe hoy aquí, ese guía es, ha sido y será, Julián Grimau García, más adelante, se explicará y se verá por qué.

El sufrimiento por medio de la tortura a la que fue sometido el camarada Julián Grimau y que soportó en las dependencias de la Dirección General de Seguridad es de libro y se irá desgranando en las siguientes líneas.

EL ASESINATO.

En la madrugada del 20 de abril de 1963, el camarada Julián Grimau García, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, era asesinado por medio de un pelotón de las huestes de un general mediocre, criminal de guerra y genocida, un tal Franco. Pero el régimen que éste sujeto dirigía como una organización mafiosa, enrabietado sin la más mínima duda por la reunión del IV Congreso del Movimiento Europeo, -el contubernio de Munich, término peyorativo acuñado por el diario falangista de la época, ‘Arriba’- el intento fallido de ingresar en la Comunidad Económica Europea y las huelgas de Asturias, negó cualquier tipo de petición de conmutación del asesinato de nuestro camarada.

LA DETENCIÓN EN EL AUTOBÚS.

Salía Julián Grimau del inmueble en la calle del Pez Volador en compañía de Víctor Díaz Cardiel, esta sería la última vez que se verían. Grimau tenía una cita a las cuatro de la tarde en la plaza de Manuel Becerra con Francisco Lara, militante encargado de suministrar papel, asunto que no le resultaba especialmente complicado debido a que trabajaba en un almacén. Los dirigentes del PCE siempre consideraron a éste último culpable de la detención. El propio Julián Grimau recordaría más tarde haberle encontrado muy nervioso, quedándole especialmente grabado el hecho de que aceptase un cigarro de tabaco rubio, cuando habitualmente fumaba tabaco negro.

Al parecer la policía franquista había detenido días antes a un hijastro de Francisco Lara y, posteriormente, a él mismo. De todas formas, la cita sirvió para que Grimau le entregase unos documentos y volvieran a quedar citados. A continuación subió al autobús número 18. Casi de inmediato observó en el interior a dos sujetos llamativos por su aspecto inequívoco de policías franquistas, cuya uniformidad en el vestir no podía escapar a cualquier sensibilidad clandestina, es decir, Grimau se dio cuenta inmediatamente de su posible detención.

Se vio en peligro y trató de bajarse en la próxima parada, sin embargo, ya era demasiado tarde porque se lo impidieron, en el autobús no había más pasajeros que el conductor, los policías franquistas y el propio Grimau.

Cuando fue detenido, utilizó un DNI falsificado que le había entregado el partido a nombre de Emilio García y algo más de trece mil pesetas, cantidad esta, importante para la época, procedente en buena parte de cuotas y donativos que Víctor Díaz Cardiel había recogido en el sector del metal por él dirigido. Desde una ferretería de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en donde la policía le introdujo para llamar a la DGS, fue trasladado a la Puerta del Sol, una vez allí, le ofrecieron de inmediato que redactase su declaración y en un papel de su puño y letra, dejó escrito: “Declaro ser miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y me encuentro en Madrid para el cumplimiento de mi deber como comunista”. Posteriormente se abrió un paréntesis de dos horas, tras el cual se inició una feroz tortura que nunca llegó a poder reproducir en su memoria con plena lucidez, debido a la gran dureza de la tortura.

Por lo que pudo comentar posteriormente con su abogado, Amandino Rodríguez Armada y sus compañeros de cautiverio en la cárcel de Carabanchel, iniciaron el interrogatorio amenazándole con que sería fusilado. Después sólo tendría memoria de un corolario de golpes propinados por varios policías al estilo de la Gestapo de la Alemania Nazi. Curiosamente, se acordaría de forma especial de uno de sus torturadores que se hacía llamar: Vicente, de aspecto corpulento y que, asegurando ser médico, le preguntaba, -posiblemente para mofarse de Julián-: “¿Cómo quieres que te pegue, como policía o como médico?” Meses después, aseguraría haber reconocido a aquel individuo en el doctor Sentís, jefe del Departamento de Traumatología del Hospital de Yeserías, donde estuvo internado. Era todo lo que recordaba de su interrogatorio, el resto en su memoria aparecía difuso, en realidad nunca pudo llegar a precisar con meridiana claridad que ocurrió realmente en las dependencias del edificio de la tortura de Madrid de la Dirección General de la Seguridad.

Lo único cierto es que, al día siguiente de ser detenido, caía de cabeza al callejón de San Ricardo, en la parte posterior del edificio de la policía de la dictadura, desde una altura de seis metros. Quienes coincidieron con él en la prisión de la dictadura como preso político, recordaron haber oído comentar en sus últimos días que llegó a ser amenazado con una pistola, momento tras el cual recibió un fuerte golpe en la cabeza.

Tal recuerdo coincidiría con investigaciones posteriores realizadas por el letrado Amandino Rodríguez Armada, cuya teoría final sería que el detenido pudo recibir un fuerte culatazo en la cabeza que le habría dejado en estado comatoso. El siguiente paso, en función de tal hipótesis, habría sido el arrojarle por la ventana.

LA CAÍDA POR LA VENTANA.

Tal vez el primero en sospechar que había ocurrido algo fue José Luis Nieto, que tenía una cita con Julián a las ocho de la tarde junto al cine Tívoli. Pero, sin duda, quien primero supuso la realidad de la detención fue Francisco Romero Marín. Lo temió nada más leer, a primera hora de la mañana del día 9, el diario ABC, donde aparecía la noticia de que un individuo llamado Emilio García se había arrojado por la ventana de la DGS, desde este preciso instante imaginó lo peor de inmediato. Su reacción fue tratar de localizar al matrimonio formado por Manuel Azaustre y María Tudor, con los cuales vivía Julián Grimau en una casa de la calle Pedro Heredia. Ambos habían llegado a España desde Francia, enviados por el PCE, con la única misión de alquilar una casa donde pudiera alojarse Simón Sánchez Montero cinco años antes. Pero quien vivió con ellos durante bastante tiempo, en un piso de la calle Concepción Bahamonde, en el cual también llegó a alojarse Julián Grimau y Jorge Semprún.

Sin embargo, por muy rápida que quiso ser la reacción de Romero Marín, ya llegaba demasiado tarde. Cuando telefoneó al cine Universal, donde Manuel Azaustre trabajaba de taquillero, para comprobar si aquél se encontraba allí, le respondió una voz desconocida que le invitaba a pasar por el local y esperar en su interior. Quien seguramente le contestaba era ya la policía de la dictadura. Habían actuado con gran celeridad, sin duda,  tras encontrar un billete en las ropas de Julián, por lo que sospecharon la zona donde podía residir. Después, con una fotografía de Julián, rastrearon consultando a los porteros. Además Julián había cometido el error de inscribirse con el nombre de Emilio García como vecino de la casa, en contra de las recomendaciones de no hacerlo para preservar su seguridad. Manuel Azaustre, que ya había conocido el horror de los campos de concentración de Matthausen, llegó destrozado físicamente a la prisión de Carabanchel, pero no dijo ni una sola palabra en la DGS.

En los medios de la oposición, no tardó en saberse que el hombre caído desde la ventana de la DGS era un dirigente del Partido Comunista de España. Casi de inmediato se generalizó la impresión de que había sido torturado con dureza y finalmente defenestrado.

El Desgobierno de la Dictadura, cuyo Departamento de Información y Turismo ocupaba Manuel Fraga Iribarne, se apresuró a decir que se trataba de un intento de suicidio. Sin embargo, la versión de este sujeto, que falleció en 2012 recibiendo honores de jefe de estado, era demasiado insólita como para ser creíble: en presencia de los policía de la dictadura Ramón González Morales y Luis Muñoz Sáez, Julián Grimau se habría arrojado contra una ventana de dos hojas, situada a una altura de un metro cuarenta del suelo de la habitación y perfectamente cerrada con su falleba o para entenderlo mejor con el pestillo echado, tras romper solamente los cristales de un lado, había caído de cabeza al callejón de San Ricardo. Sin embargo, según el informe forense, no presentaba señales de arañazos realizados por los supuestos cristales rotos, ni cortes similares, que habrían sido propios de la rotura de esos cristales, ni otras huellas que no fuesen las propias de una caída desde seis metros.

 EL POLICÍA DE LA DICTADURA, VICENTE.

Operado urgentemente en el hospital de Yeserías para intentar salvar la vida, nuestro camarada Julián Grimau permaneció absolutamente incomunicado hasta el día 29 de noviembre en que, por fin, pudo visitarle su letrado Amandino Rodríguez Armada, a la sazón militante del PCE. Amandino se encontró un espectáculo dantesco. Le habían extraído una parte considerable del frontal izquierdo, tenía las muñecas fracturadas, ambos brazos escayolados desde el hombro hasta la punta de los dedos, no podía mover la extremidades inferiores y una inmunda masa de vendajes sanguinolentos envolvía prácticamente su cabeza. Sólo cuando pudo hablar con Amandino, llegó a recordar algo de lo ocurrido tras la detención. Fue también entonces cuando Julián Grimau, al que se consideraba generalmente un excelente fisonomista, quiso reconocer en el doctor Sentís al policía Vicente, no obstante, jamás llegó a afirmar o asegurar por sí mismo que hubiera sido defenestrado; su amnesia al respecto fue total tras el enorme y fuerte traumatismo sufrido.

Durante el tiempo que duró su incomunicación, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8, del que era titular un tal Luis Cabrerizo Botija, le abrió un expediente, nada menos que por tentativa de suicidio. Según las notas del sumario, Julián Grimau habría manifestado al juez instructor que se tiró en una reacción de tipo personal, sin que en ese momento su ánimo se sintiera sobrecogido por la advertencia que poco antes le habían hecho de que pronto lo iban a fusilar. Se reconoció en el sumario que no había podido firmar por encontrase en la cama. Tampoco pudo firmar el poder notarial autorizando la asistencia letrada para la defensa a Amandino Rodríguez, tuvieron que impregnar la punta de los dedos con un pincel y después introducir el papel entre la escayola y la mano a fin de que sus huellas dactilares dejaran constancia de la autorización.

El sumario por tentativa de suicidio acabaría sobreseído, no obstante, el Juzgado del Cabrerizo Botija, puso cuantas dificultades pudo para que el letrado ejerciese la defensa. Por ejemplo, denegó reiteradamente la petición de que Julián Grimau pudiera ser examinado por el traumatólogo Alberto Rábano Navas, con el fin de que informase por escrito de las causas y origen de las lesiones. Tampoco se autorizó, a primeros de enero de 1963, la visita en el Hospital Penitenciario de los doctores franceses Pierre Frumusan, Víctor Laffite y Michel Sakka. Aunque no pudieron reconocerle, al menos su viaje sirvió para que le hicieran la ropa de la cama y realizasen unas radiografías y unos electroencefalogramas que hasta entonces no habían realizado.

EL DOSSIER DE FRAGA.

A principios de noviembre, Manuel Fraga Iribarne convocaba a los medios de comunicación, donde quería responder públicamente al informe emitido días antes por la Comisión Internacional de Juristas en el que se afirmaba que España NO era un Estado de Derecho y calificaba la dictadura franquista de Estado Totalitario. Esta reseña en un momento en que la dictadura acababa de solicitar el ingreso en la Comunidad Económica Europea y como se podía esperar la resolución era negativa, el informe era tildado por las huestes del dictador producto de una campaña internacional contra España y calificado por el ministro de petardo.

En el transcurso de la rueda de prensa, Fraga hizo alusión a Julián Grimau: Dentro de unos días daremos un dossier espeluznantes de crímenes y atrocidades cometidos personalmente por este caballerete.

El 20 de enero de 1963 uno de tantos diarios afines a la dictadura, ‘Arriba’, publicaba un artículo sin firma, del que terminaba haciéndose responsable el director, un tal Sabino Alonso Fueyo, titulado: ‘Grimau y sus crímenes’. En el mismo se le acusaba de ser el responsable de la checa de la plaza Berenguer el Grande de Barcelona en 1938 durante la guerra civil. Jamás pudo éste sujeto aportar prueba alguna de lo que se afirmaba en el panfleto difamador, donde se recogía entre otras lindezas de sarta de mentiras, que el criminal vuelve siempre al lugar del crimen y Grimau preparaba, sin duda, una nueva orgía de horrores en cualquier nueva checa.

Cabría preguntarse. ¿Cuál fue el papel desempeñado por el juez Cabrerizo Botija, el politicastro Fraga Iribarne y el gacetillero Alonso Fueyo? A mí, no me cabe la menor duda, fueron colaboracionistas de la dictadura sangrienta del criminal de guerra y genocida Franco, y en este caso concreto autores materiales del asesinato del camarada Julián Grimau García, aunque las balas las disparasen otros acólitos de la dictadura.

Lo que sí parece confirmado es que Julián Grimau fue nombrado, al comenzar la guerra civil, agente del Cuerpo de Seguridad (Grupo Civil) de la Dirección General de Seguridad por el Gobierno de la Segunda República, siendo destinado a la Brigada de Investigación Criminal en la primera quincena de agosto de 1936. Tal acceso a la policía se habría producido a propuesta del Partido Republicano Federal en que militaba en julio de aquel año. Al parecer, tales datos no habrían sido conocidos por la dirección del PCE hasta el momento de su ejecución en que recibió una carta de Manuel Hurtado de Mendoza, nieto de Benito Pérez Galdós y exiliado en Argentina al finalizar la guerra civil. Amigo personal de Julián Grimau, decía que la Brigada de Investigación Criminal estuvo instalada en Barcelona en la plaza de Berenguer el Grande y, por tanto, allí no había ninguna checa incontrolada, donde se hicieran detenciones y torturas ilegales, sino la sede de un órgano legal de la República. De aquello, cuando se celebre el juicio, haría ya casi un cuarto de siglo.

JUICIO SIN TESTIGOS.

 El día 30 de marzo, había recibido en Carabanchel la visita del coronel Enrique Eymar Fernández, uno de los personajes de más siniestra memoria bajo la dictadura del criminal de guerra y genocida Franco. Hasta entrados los sesenta, con la creación del Tribunal de Orden Público en diciembre de 1963, conocido con las siglas del TOP, todo cuanto tenía que ver con la masonería y comunismo, epígrafes bajo los que se incluía prácticamente cualquier crítica realizada contra la dictadura, dependió de este ser frío, sectario e implacable. Por las manos de este sujeto pasaron casi todos los demócratas procesados por los tribunales especiales a cuyo frente estuvo.

Al informarle Grimau en la primera visita de que podría recuperar el movimiento de sus muñecas con una simple operación, este individuo se mostró tan cruel como siempre diciéndole: “Yo, en su caso, me preocuparía si tuviese posibilidades de salir adelante; pero, para lo que a usted le queda, esos sinsabores son simples minucias”.

El juicio se fue preparando en medio de un gran sigilo. Hasta el 11 de abril, no pudo Julián Grimau nombrar defensor militar, designación que recayó en el capitán Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, años después sería un estrecho colaborador de Adolfo Suárez González. Al día siguiente de la designación fue a verle para comunicarle la petición fiscal. pena de muerte por delitos cometidos durante la guerra civil y treinta años de cárcel por sus actividades posteriores. José Ramón Recalde, encarcelado también en Carabanchel, por su militancia en el Euzkadiko Sozialisten Batasuna (ESBA), fue el primero en señalar la gravedad de la acusación. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la acusación de delito continuado de rebelión militar revestía un significado cuyo desenlace final podría ser el peor, como después ocurrió. Mientras, el Ministro de Información y Turismo, que seguía regentado por Manuel Fraga Iribarne, insistía en que el sumario aún no estaba cerrado y que era imposible decir que la pena de muerte sería pedida.

A pesar de todo el sigilo que pretendieron los franco-falangistas y facinerosos de la época, la dictadura no pudo evitar que se desencadenara una gran campaña de solidaridad, tanto a nivel nacional, aun con escasas posibilidades que ofrecía la total ausencia de libertades, como internacional.

La fecha del juicio permaneció oculta hasta la víspera misma de su celebración, el 18 de abril. Unos días antes, el servicio de publicaciones del ministerio de Fraga Iribarne hacía público un folleto titulado: ‘¿Crimen o castigo?’, dedicado a Julián Grimau. No merece en estas líneas reproducir semejante libelo gacetillero de baja calidad, falta de rigor y calumnias vertidas sobre el camarada Julián Grimau.

En el juicio no hubo testigos.

La sala de la calle del Reloj estuvo abarrotada por una extraña mezcla de policías de la dictadura, observadores internacionales, juristas, periodistas, militares de la dictadura, familiares y algún ciudadano simpatizante con la causa de Julián Grimau.

Todas las declaraciones presentadas como pruebas se basaban en versiones oídas, ninguna contractada o investigada con seriedad y rigor.

El testimonio escrito de un abogado barcelonés, Gabriel Avilés, aludía a Julián Grimau como un joven pequeñito que actuaría como acusador de la Brigada de Investigación Criminal durante el período de guerra en los juicios de significación política, sin embargo, a este sujeto dado a la escribanía sin rigor y difamatoria, habría que recordarle que, Julián Grimau medía algo más de un metro y ochenta centímetros. Otro calumniador al estilo del tal Fraga Iribarne y del tal Alonso Fueyo.

Las garantías judiciales brillaron por su ausencia, como todos los procedimientos que se iniciaron en la época de la dictadura.

El fiscal que actuó en la causa de Julián Grimau, un tal Manuel Fernández Martín, era un impostor que no había acabado la licenciatura de derecho, quién parece ser que se portó con el rigor y profesionalidad esperada fue el letrado defensor, el militar con grado de capitán, Alejandro Rebollo.

Julián Grimau era un agente del Cuerpo de Seguridad (Grupo Civil) dedicado a perseguir delitos comunes, no políticos, tampoco dirigía ningún tipo de checa.

En definitiva el juicio que se celebró contra Julián Grimau fue una burla a la verdad, vulneró hasta las propias leyes ilegales del dictador, criminal de guerra y genocida.

 CONDENADO A MUERTE.

Es de suponer que, nuestro camarada, Julián Grimau abandonó la sala de la calle del Reloj convencido de cuál sería su último destino y de esta forma se lo trasladó a sus compañeros de cautiverio en la cárcel de Carabanchel que, aquella misma mañana, pasearon en un silencio absoluto y de uno en uno por el patio de la prisión, a modo de silenciosa protesta.

Al mismo tiempo se producían manifestaciones y actos de protestas en las principales ciudades del mundo.

Las peticiones de clemencia llegaron hasta la mesa de los jerarcas de la dictadura y procedentes de los lugares más insospechados: del jefe de Estado de la Unión Soviética, Nikita Kruschev; del alcalde de Florencia, Giorgio La Pira; del líder del partido laborista británico, Harold Wilson, se asegura que incluso llegó a interceder ante el criminal de guerra y genocida Franco el Papa Juan XXIII, también se gestionaron desde el interior de España. Poco antes de que diera comienzo la reunión del Consejo de los ultraderechistas de la dictadura, Joaquín Ruiz Jiménez visitaba sucesivamente a los ministros ultraderechistas Agustín Muñoz Grandes, Fernando María Castiella y Manuel Fraga Iribarne, sin obtener respuesta alguna. El decano de la facultad de Económicas, Valentín Andrés, trató de interceder por su parte ante Fraga Iribarne, del cual se consideraba amigo. Entre tanto, Menéndez Pidal iba de un lugar para otro, y llegó a conseguir entregar al cardenal Pla y Deniel un escrito firmado por importantes personalidades de la vida cultural española: Zubiri, Bergamín, Laín Entralgo, Aranguren, etc. Todo ello resultó infructuoso.

LA TAREA ENCOMENDADA A JULIÁN GRIMAU GARCÍA.

Quien le conoció muy de cerca fue el camarada Francisco Romero Marín, trabajó con él codo con codo, de hecho estuvo con Julián Grimau la misma mañana de su detención. Francisco Romero fue uno de los organizadores de la campaña de movilización en el interior de España para salvar la vida de Julián Grimau.

Jualián Grimau llegó a España en 1961 para dirigir el partido en Madrid, por decisión de la dirección del PCE en Francia, hasta entonces, el camarada Romero Marín había sido el encargado de esta tarea desde 1957, y a partir de ese momento pasó a dirigir toda la zona de Castilla.

Los dos camaradas continuaron trabajando, cada uno en su sector, y a mediados de octubre llegó a Madrid Ignacio Gallego, cada uno se fue por su lado, y no fue hasta después que Ignacio Gallego y Romero Marín se enteraron de los pasos de Julián Grimau hasta su detención.

La huelgas del verano de 1962 contribuyeron notablemente al relanzamiento de nuestro partido en Madrid y alrededores. Tan sólo en el sector del metal, del cual se encargaba directamente Víctor Díaz Cardiel que, a su vez, enlazaba con Julián Grimau, existían contactos con organizaciones del PCE en una veintena de fábricas importantes como Pagaso, Marconi, Standard, Perkins, Chrysler, CASA, Cervezas Águila, Euskaldum, etc. se trataba, en general, de núcleos muy reducidos de militantes, en torno a los cuales se movía siempre un grupo siempre más amplio de simpatizantes. Probablemente ésta sea una de las características más llamativas del PCE de aquella época a lo largo de los años sesenta, extensiva además a otros sectores distintos del movimiento obrero, ya que al tener a su alrededor personas que, sin militar en el partido, podrían considerarse que lo eran y la ausencia de otras alternativas organizativas contribuyó, sin la más mínima duda, a ello.

ÁNGELA CAMPILLO.

julian-grimau-1                                                                      Histórica militante del PCE y esposa de Julián Grimau debe de tener un espacio más que merecido en este escrito de homenaje, en el sentido de la crudeza y trágicos momentos que vivió: detención, proceso y ejecución de su marido.

Con el golpe de estado organizado por los militares africanistas, la iglesia católica, la banca y los terratenientes de la época, Ángela Campillo sufrió la persecución ideológica en las carnes de su padre al que asesinaron, militante socialista, cuando ella era todavía una niña de seis años.

Con nueve años sale de España, educó a sus dos hijas, Lola y Carmen en el respeto y amor a su país, según Ángela: “La lucha contra la represión interior fue el eje de sus vidas, estuvieron separados por la distancia, sin embargo, profundamente unidos por el cariño y las ideas, ambas cosas les sostenían en aquellos años tan duros, aquella compenetración no hubiera sido posible si uno de los dos aspectos hubiera fallado”.

Después de casi 53 años del asesinato del camarada Julián Grimau, Ángela y sus dos hijas llevan décadas luchando sin ruido por limpiar su memoria. Quizás muy cansadas por no recoger los frutos esperados de la gran injusticia cometida con Julián. En 2006 hubo una iniciativa de Izquierda Unida, que aprobó el Senado para proceder a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau, esta iniciativa fue apoyada por todos los grupos políticos, excepto por el partido presunto, (PP) los herederos de los esbirros de la dictadura.

En 1985, Ángela sentenció: “Tal vez si las oleadas de solidaridad que siguieron a la ejecución de Julián se hubiera desarrollado a lo largo del proceso, la dictadura no se hubiera atrevido. Pero, de todas formas, junto a lo brutal de la represión, hay que subrayar que la solidaridad de tantos hizo que me sintiera arropada en aquellos durísimos momentos. Por otra parte, nunca se sabe, por muy irracionales que sean las decisiones, hasta dónde son capaces de llegar las dictaduras”.

JULIÁN GRIMAU, MI REFERENCIA COMUNISTA.

Al principio dije que explicaría por qué el camarada Julián Grimau García era, es y seguirá siendo mi referente en el Partido Comunista de España, ello es así, por cuanto, fue un camarada que entregó su vida por una causa: El Comunismo democrático, que ha sido y es el modo, a la vez que ideológico y organizativo, de reunir los estímulos espontáneos a la rebelión ante la injusticia, la opresión y al cambio de rumbo de los dos preceptos antes referidos, también es la voluntad de hacer una previsión racional del devenir de la historia, introduciendo en ella el papel de una realidad de lucha capaz de acelerar o de modificar su curso, es decir, la clase obrera y su partido político, esto es el Partido Comunista de España.

El trabajo incansable de Julián Grimau fue el de un ritmo acelerado, con el mismo olvido de sí, no perdía el tiempo en comer, ni en curarse las numerosas gripes y catarros que solía coger en sus idas y venidas, de una entrevista a otra bajo la lluvia. Despreocupado de sí mismo y profundamente ocupado de los demás, dejando siempre para más adelante el descansar o el cuidarse.

No subestimaba las dificultades, sabía localizarlas, a medida que surgía una dificultad, su razonamiento se disparaba automáticamente a la búsqueda de una o más formas de superarla; el muro de dificultades se tornaba para él abordable y sabía encontrar los caminos para atravesarla y superarla. No había problema sin solución, era un gran organizador y capaz de dar vida a cualquier acuerdo y a cualquier iniciativa. Julián Grimau, atraía a los camaradas con sus razonamientos sencillos y claros y, sobre todo, con su ejemplo; él mismo poseía un elevado sentimiento del deber y de la disciplina y lo inculcaba a quienes estaban en contacto con él.

Para él no había tareas grandes y pequeñas, lo mismo se entregaba a las labores de dirección más elevadas y responsables, que se pasaba horas y horas, durante la noche, rodeado de nubes de tabaco, copiando a máquina los artículos de los corresponsales obreros para Radio España Independiente. Como se dice en el argot popular, no tenía reparo “a perder los anillos” ocupándose de las labores más modestas. Y todo esto sin perder nunca su sencilla dignidad.

Santiago Carrillo, que le conoció muy cerca dijo de Julián Grimau: “Jamás le he visto adular a nadie, disimular su opinión ante un camarada más responsable, hacer nada que le rebajase”. También dijo de él: “Conociéndole muy bien, estoy seguro de que en sus últimos momentos, con la conciencia en paz con su Partido y con su pueblo, su único sufrimiento debió ser no haber podido proporcionar una felicidad mayor a Ángela y a sus hijas Lola y Carmen.

Sólo me resta añadir; Julián Grimau, murió como vivió, su altruismo y generosidad que caracterizo toda su vida reglaron su conducta en los meses terribles de sufrimiento que padeció, ante sus torturadores y sus asesinos en funciones de jueces.

Cada uno de los que tomaron parte en su suplicio y en su muerte y le vieron de cerca sabe que es partícipe o cómplice de un crimen cuyo autor principal fue Franco, el criminal de guerra, genocida y general mediocre de un dictador sin escrúpulos.

Sus cincuenta años de vida se encuentran más llenos, más ricos de actividad, de peripecias y acontecimientos, de lo que podrían estarlo las vidas sumadas de varias personas centenarias.

¡Qué deprisa vivió Julián Grimau!


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https://www.youtube.com/watch?v=974g1YWIWKE





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viernes, 19 de junio de 2015

García-Tizón acaba ante los tribunales su actual mandato en la Diputación

García-Tizón acaba ante los tribunales su actual mandato en la Diputación

El todavía presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón, termina su actual mandato en los tribunales, ante los que una vez más ha sido demandando por CCOO. El sindicato ha impugnado y ha reclamado la suspensión cautelar de la edición 2015 del programa de empleo "De la Mano Contigo", que en esta ocasión ha servido a Tizón para contratar a cargo del presupuesto público a decenas de candidatos del PP en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo.

 Lejos de corregir su proceder tras recibir reiteradas condenas de los tribunales, el dirigente del PP sigue incurriendo en las mismas arbitrariedades.   

Hace un mes, firmó un decreto "convalidando" 37 contrataciones realizadas previamente sin convocatoria pública ni proceso selectivo ninguno. CCOO ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía porque a juicio del sindicato incurren en los tipos delictivos de los artículos 404 (Prevaricación) y 405 (Nombramientos ilegales) del Código penal 

Tizón también ha contratado a decenas de candidatos y afiliados del PP de Toledo a cargo del programa "De la Mano Contigo 2015", cuya edición 2014 ya fue anulada por los tribunales.

Toledo, 15 de mayo de 2015. Los tribunales -el Superior de Justicia de CLM y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo- ya suspendieron y anularon la convocatoria del mismo programa "De la Mano Contigo" correspondiente a 2014, atendiendo a la demanda de CCOO porque las bases para la selección de candidatos eran contrarias a derecho, obviando los requisitos básicos para el acceso al empleo público.
 
El sindicato también ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la contratación de otras 37 personas a lo largo del pasado mes de abril sin convocatoria pública y sin proceso selectivo alguno. Además, estas 37 contrataciones se realizaron antes de que el propio Tizón pretendiera "legalizarlas" mediante un decreto (372/2015) firmado a posteriori, ya en el mes de mayo.
 
En su escrito a la Fiscalía, CCOO advierte que esta actuación puede incurrir en los tipos delictivos de los artículos 404 y 405 del Código Penal, referidos respectivamente a Prevaricación Administrativa, que prevé penas de inhabilitación para empleo o cargo público de siete a diez años; y a Nombramientos Ilegales, penados con multas de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años.
 
Estos procesos arbitrarios de contratación masiva de personal con los que el señor García Tizón finaliza su actual mandato al frente de la Diputación de Toledo se añaden a otras muchas irregularidades en materia de Personal cometidas por el equipo de Gobierno del PP en la Corporación Provincial, que han sido reiteradamente sancionadas por los tribunales. Desde la exclusión de inmigrantes en el acceso a planes de empleo a la inclusión ilegal de cientos de personas en el censo de las elecciones sindicales, pasando por despidos injustificables, declarados nulos por sentencia judicial.
 
"Las sucesivas condenas no han servido para que el señor García Tizón corrigiera su manera de ejercer la Presidencia de la Diputación. Ha seguido hasta el final incurriendo en las mismas arbitrariedades, como si la Corporación provincial fuese su cortijo", denuncia José Luis arroyo, responsable de la FSC de CCOO de Toledo.
 
"CCOO seguirá luchando contra estas prácticas ilegales y clientelares. Pero ahora que debe constituirse la nueva Corporación, pedimos a las fuerzas políticas en cuyas manos está determinar el futuro de la Diputación Provincial de Toledo que sitúen como prioridad revertir la trayectoria de tropelías de estos últimos cuatro años y poner fin a las prácticas del señor Tizón"
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jueves, 18 de junio de 2015

Un preso político en Madrid


Un preso político en Madrid   

Ruth Toledano

Alfonso Fernández Ortega, Alfon, un joven de 21 años, vecino del barrio de Vallecas de Madrid, salió de su casa temprano el miércoles 14 de noviembre. No era una mañana cualquiera sino la del 14N, día de la huelga general. Se dirigía a un piquete informativo, acompañado por su novia. Tenía previsto reunirse en un rato con su madre y con su tío, que también iban a secundar la huelga de manera activa, pero Elena Ortega, la madre, ya no pudo localizarlo: a cien metros de su casa, Alfon y su novia fueron detenidos. Ella fue puesta en libertad con cargos y debe presentarse en los juzgados dos veces al mes. Alfon pasó a prisión preventiva y cumple en la cárcel de Soto del Real lo que puede considerarse una pena anticipada a la sentencia.
La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en casos que producen gran alarma social. Es lo que adujo el juez para enviar a Alfon a prisión, aunque parece mayor la alarma que ha causado su detención, e incluso parece que fuera lo que persigue este caso. Muchos lo acusan de montaje policial, presuntamente para desviar la atención sobre el éxito de la huelga general en Vallecas, donde el cierre del pequeño comercio alcanzó casi al 100%.
Según la policía, Alfon llevaba una bolsa con gasolina en el momento de su detención, extremo que él niega rotundamente: “Estoy tranquilo porque no he hecho nada, sé que soy una cabeza de turco, que el objetivo de la policía era otro y que me han utilizado a mí para ello”. Se lo ha dicho a su madre en una de las escasas visitas que le han permitido hacerle en la cárcel y no parece casualidad que ella, Elena Ortega, sea una conocida activista del barrio de Vallecas.
En una entrevista concedida al programa Todo Por la Kausa, de Tele K, televisión local de Vallecas, cuenta que su hijo y su novia se negaron a declarar sin presencia de un abogado y que por ello sufrieron tortura psicológica: fueron interrogados cada dos horas por individuos encapuchados que les amenazaron con hacer “cosas horribles” a sus familias. Como no consiguieron declaración alguna, decidieron hacer registros en sus domicilios. Elena cuenta que cuando cinco policías también encapuchados se presentaron de madrugada en su casa, amedrentándola a ella y a su marido, amenazándoles también con lo que le iba a pasar a su hijo, fue firme: “Está claro que somos gente de izquierdas. Aquí ven mi bandera republicana, mi camiseta de la escuela pública, el tipo de libros que tengo. Pero no somos terroristas”. 
A Alfon se le ha aplicado el Régimen F.I.E.S. (Ficheros Internos de Especial Seguimiento), que conlleva aislamiento (lo llaman “la cárcel dentro de la cárcel”), restringe sus comunicaciones (solo puede recibir alguna visita de su familia) y controla su correspondencia. Se aplica a los presos que el sistema penitenciario considera “peligrosos”, generalmente personas que pertenecen a bandas armadas o grandes narcotraficantes. El propio Tribunal Superior de Justicia lo considera ilegal, por vulnerar los derechos de los presos y excederse en las competencias de los reglamentos. Que le haya sido aplicado a Alfon puede ir en la misma línea de su detención: la criminalización de una juventud organizada, crítica y reivindicativa a través de un joven cercano a grupos antifascistas y aficionado al Rayo Vallecano. La sede de Bukaneros, seguidores de este equipo que se declaran “contra el racismo, la represión y el fútbol negocio”, también fue registrada por la policía.
Según Elena Ortega y los propios Bukaneros, que emitieron un comunicado posterior, el Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno les someten a una persecución sin precedentes a partir del 25S porque en los partidos sacan pancartas denunciando, por ejemplo, que el Congreso de los Diputados estuviera rodeado por 1.500 policías mientras que el marido de Cristina Cifuentes está en “ignorado paradero”. Denuncian también que la detención y envío a prisión de Alfon puedan ser una cortina de humo para desviar la atención sobre las manifestaciones históricas del 14N y sobre las cargas “desproporcionadas e inhumanas” de las fuerzas de seguridad.
La madre de Alfon, que llevó su historia al Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal y celebrado con enorme éxito en Madrid los pasados días 6 y 7 de diciembre, insiste en que quieren criminalizar a los jóvenes de barrios obreros y sacudidos por la crisis, como Vallecas, Villaverde o Carabanchel. Denuncia que son jóvenes que tienen que enfrentarse a un sistema que les niega el futuro, chavales que han tenido que abandonar la Universidad porque no la pueden pagar e incluso la Formación Profesional tras la subida de las tasas, chavales para quienes no hay previsión alguna de que puedan incorporarse al mercado laboral. “Una juventud”, dice, “sin expectativas, acorralada, acosada y perseguida por la policía”.
Ella resiste por “la fuerza de la razón y de la verdad”, porque conoce Vallecas desde que era un puñado de chabolas y sabe que es un barrio luchador que puede organizarse. Por eso advierte de que las madres de esos jóvenes están llegando a un límite: “Los hemos parido con mucho amor y los hemos criado con mucho amor y con mucho respeto, para que ahora nos los apaleen, nos los maltraten y les quiten todo. Vamos a empezar a reaccionar porque no estamos dispuestas a permitir que nos los destrocen”.
Parte del proceso de ese destrozo puede ser la prisión preventiva. Si una persona detenida no tiene antecedentes y dispone de un domicilio conocido, no debe ir a prisión. Tampoco si no hay riesgo de fuga o puede controlarse imponiendo una fianza proporcional. Lo contrario es crear un preso. En este caso, por motivos ideológicos, es decir, un preso político. Tan político como una huelga general.

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El Tribunal Supremo ratifica la sentencia que condena a Alfon a cuatro años de cárcel

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia que condena a Alfon a cuatro años de cárcel

El joven madrileño deberá ingresar en prisión de forma inmediata por un delito de tenencia de explosivos, según confirma su abogado

Alfon fue condenado por portar una mochila con un objeto explosivo durante la huelga general del 14N de 2012, sin embargo siempre ha negado los hechos

La defensa ha denunciado en múltiples ocasiones que la condena de Alfon se basa en la "ausencia de pruebas" y ha puesto en cuestión la cadena de custodia

Alfonso Fernández, "Alfon", con su madre, Elena Ortega, en una cafetería de Vallecas (Foto: Olga Rodríguez)
Alfonso Fernández, "Alfon", con su madre, Elena Ortega, en una cafetería de Vallecas (Foto: Olga Rodríguez)

El Tribunal Supremo ha ratificado este miércoles la sentencia que condena a Alfonso Fernández Ortega, conocido como "Alfon", a cuatro años de prisión por tenencia de explosivos. El joven madrileño deberá ingresar en la cárcel, según confirma su abogado, al haber sido desestimado el recurso que presentó contra la sentencia, impuesta por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que le condenó por llevar una mochila con material explosivo mientras participaba en la huelga general del pasado 14 de noviembre de 2012.
Alfon siempre ha negado que portara el objeto y califica el proceso como "un juicio político" por su militancia antifascista. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado su detención e ingreso en prisión y se darán las oportunas órdenes a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil a tal fin. Así, se les facilitará la dirección de su domicilio, en Vallecas, según confirma Europa Press.
En una entrevista concedida a eldiario.es, el joven relató su detención, junto a su novia, la mañana del 14-N: "Había más gente, estábamos en una calle entre la casa de mi tío y la mía, y entonces tres policías secretas nos paran, nos piden documentación, accedimos a entregársela, nos preguntaron dónde íbamos, yo les dije que a casa de mi tío. Estábamos justo ya casi debajo de la ventana de la casa de mi tío y, entonces, un policía secreta vestido de paisano saca de unos matorrales algo, una bolsa, y me pregunta que dónde voy con esa, que qué era eso que llevaba yo ahí".
Sin embargo, los tres policías que le detuvieron afirmaron en el juicio que "sin ninguna duda" Alfon era quién llevaba la bolsa que contenía el artefacto y que lo depositó en el suelo cuando ellos se acercaron para identificarle.

Los argumentos de su abogado

Su abogado, Erlantz Ibarrondo,  ha denunciado en múltiples ocasiones que la condena de Alfon se basa en la "ausencia de pruebas" y pone en cuestión varios de los argumentos utilizados en el juicio tanto por el fiscal, que solicitó una condena de cinco años y medio de cárcel, como por los propios policías. En su opinión, sus testimonios "tienen más relevancia" que los del joven madrileño.
Además, alega que hubo errores en la cadena de custodia del artefacto: un procedimiento aplicado con el objetivo de evitar destrucciones o alteraciones de la prueba. Según la defensa, "la cadena de custodia no se cumplió y falta información sobre quién recepciona el objeto o dónde ha estado guardado".
Alfonso Fernández estuvo 56 días ingresado en prisión tras su arresto en régimen FIES-5, que supone la vigilancia constante, la restricción de movimientos y el control de comunicaciones. Según su abogado, "estuvo en la cárcel sin que se analizara si se trataba de un explosivo o no". Por otro lado, denuncia que "en el artefacto no se encontraron huellas de Alfon" y que "la gasolina que se analizó posteriormente procedía de unas probetas que no se sabe de dónde salen".
Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid le condenó a cuatro años de prisión por tenencia de sustancias explosivas, delito recogido en el artículo 568 del Código Penal. La condena  se sumaba a otra que le impuso el juzgado de lo Penal número 26 de Madrid el pasado 12 de diciembre por un delito de resistencia en concurso ideal con un delito de lesiones. El juez, entonces, le absolvió del cargo de resistencia a la autoridad.
El caso ha desatado una ola de solidaridad y ha recibido el apoyo de numerosos colectivos, asambleas del 15M, sindicatos de base, activistas y personalidades del mundo de la cultura y la política. En un acto celebrado el pasado lunes en el Ateneo de Madrid, en el que estuvieron presentes decenas de movimientos sociales, Alfon quiso enviar unas palabras de esperanza y agradecimiento: "aunque acabe en la cárcel, el miedo y la rendición no son ninguna opción".
La Plataforma por la Libertad de Alfon ha convocado una manifestación de apoyo al joven a las 20:30 del próximo sábado día 20, que saldrá de la madrileña Puerta del Sol y llegará al Ministerio de Justicia.

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lunes, 15 de junio de 2015

Junta Provincial Republicana de Toledo



Junta Provincial Republicana de Toledo

 Se cumple ahora un año desde la abdicación, como Rey, del ciudadano Juan Carlos de Borbón. En la línea que ha caracterizado la complicidad del que fuera ahijado político del dictador, con la corrupción del sistema, del deterioro permanente de la democracia, en un momento de máxima decrepitud moral, política y personal por los escándalos de todo tipo, y cuando parece que algo en este país tiene que cambiar, de forma rápida nos cambiaron de Rey para que la impunidad borbónica permanezca.
     Efectivamente, con este gazapo sacado de la chistera-corona, y con la complicidad del bipartidismo PP-PSOE, nos impusieron, sin consulta previa, la tribal forma borbónica de sucesión, con Felipe de Borbón como protagonista del "pucherazo". Tal chapuza, que no respeta siquiera el derecho a referéndum previsto en la Constitución para los caso de alta importancia política, pone de manifiesto la ilegitimidad del nuevo Rey y llena de hipocresía su discurso e intenciones democráticas
Los inconfesables casos de corrupción de la familia Borbón deberían ser razón suficiente para que los españoles aspiremos a vernos libres de un vergonzoso sistema de tutelaje, donde la figura del Jefe del Estado viene determinada por el linaje de una familia.
     Pero es que, además, quienes sustentan e intentan perpetuar la monarquía saben muy bien que mientras no se devuelva la palabra al pueblo, mientras el vasallaje de la "legalidad monárquica" determine nuestra forma de Estado, permanecerán los privilegios de la oligarquía financiera, de las empresas y "patriotas" que defraudan, que son clientes protegidos de los paraísos fiscales, de los que promueven las reformas laborales que despiden a miles de trabajadores, desahucian familias y protegen a los poderosos.
     Por ello, somos cada vez más los que pensamos que muchos de los problemas que en estos momentos acucian a nuestra sociedad solo tendrán solución en una República verdaderamente democrática, participativa, solidaria, federal y ecológica, donde el valor fundamental esté basado en la libertad, el respeto, el futuro, la cultura y el bienestar de las personas.
La JER (Junta Estatal Republicana) ha convocado en todo el Estado movilizaciones para el próximo día 19 de junio, en protesta contra el monarca ilegitimo. Contra el golpe de Estado sin tanques que supone su imposición. Por un Referéndum de consulta popular. Por el derecho a decidir de los pueblos.

     En la dinámica de ese llamamiento, la JPR de Toledo (Junta Provincial Republicana de Toledo), convoca a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, culturales, plataformas ciudadanas con talante democrático a concentrarnos el próximo viernes, 19 de junio, a las 19:30 h, en la Plaza de Zocodover de Toledo.

     ¡Por la Democracia y la Libertad! ¡Por la Dignidad y el Derecho a decidir! ¡Referéndum Ya!




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